El Parlamento francés inició hoy el trámite de un proyecto de ley que pondrá fin al monopolio de las apuestas en internet pero con notables restricciones, al regular un mercado que se ha desarrollado en Francia al margen de la legalidad y que por tanto escapa al control del fisco.
La proposición legislativa de la mayoría conservadora, que empezó su discusión en la Asamblea Nacional y se va a tramitar por el procedimiento de urgencia, autoriza la entrada de nuevos operadores en línea en sólo tres categorías -las apuestas hípicas, deportivas y en el póquer-, para lo cual habrá que obtener una licencia con validez de cinco años.
Las licencias las otorgará la nueva Autoridad de Regulación de los Juegos en Línea (ARJEL), que también podrá pedir a los operadores de internet que filtren el acceso a los sitios para impedir la conexión con los considerados ilegales.
Los premios podrán representar entre el 80% y el 85% de la cantidad que se juegue, algo que el ministro del Presupuesto, Eric Woerth, justificó -las empresas del sector querían más para aumentar el atractivo- para que el Estado preserve los alrededor de 5.000 millones de euros de ingresos fiscales que recauda con esta actividad.
Woerth también subrayó que hay activos unos 25.000 sitios en línea que, al proponer apuestas por internet, "ponen en peligro a los menores y a las personas más frágiles" por ser susceptibles de convertirse en ludópatas.
Su departamento estima que un 5% de los franceses ya apuesta en línea (actividad por el momento ilegal) y que el año pasado se jugaron unos 3.000 millones de euros, cifra que podría pasar a 5.000 millones en 2012.
El Gobierno francés calcula que con la nueva ley aparecerán una cincuentena de operadores que vendrán a competir con los que hasta ahora han tenido el monopolio del juego en Francia: la Française des Jeux (loterías) y PMU (quinielas hípicas).
La regulación de las apuestas, que en Francia se planteó por la presión de las autoridades europeas para acabar con ese duopolio, se va a realizar bajo la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que el mes pasado reconoció a los Estados la autoridad para fijar las medidas que considere oportunas para defender a los consumidores.
El Partido Socialista va a intentar, con cientos de enmiendas, dar la batalla contra esta proposición de ley a la que se opone por considerar que agravará los riesgos de ludopatía.
"La adicción al juego es proporcional a la oferta: cuanto más aumenta la oferta, más aumenta la demanda" como lo prueba la experiencia de las máquinas tragaperras, señaló la diputada socialista Michèle Delaunay, que señaló que las licencias sólo servirán para que esas empresas puedan hacer publicidad legalmente, por ejemplo en las camisetas de los futbolistas.
Delaunay propuso que se encargue la prevención de la ludopatía a un organismo independiente que, además, debería limitar las pérdidas del juego.

La empresa promotora podría abonar este jueves el pago de una cantidad estimada de entre los 200.000 y 300.000 euros a los dueños de propiedades particulares donde se pretende construir el macrocomplejo.

Dentro de ocho meses deberá hacer efectiva la compra y abonar el cien por cien del precio de los terrenos para Gran Scala.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha manifestado que "ILD debe aportar ahora los 12 documentos que marca el artículo II de la Ley de Centros de ocio de Alta Capacidad de Aragón".

ILD, promotor del complejo de ocio y entretenimiento Gran Scala ejecutará en junio el tercer y último pago de la opción de compra sobre los terrenos en los que se ubicará el mayor centro de ocio y entretenimiento de toda Europa.

ILD, que no ha llegado a ocupar las oficinas que alquiló en Plaza, reduce la superficie del complejo y el número de parques temáticos.
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