Editorial de El Periódico de Aragón: "Pretender que no ha pasado nada y que la apuesta sigue adelante va a complicarle la vida al Gobierno aragonés. Es incomprensible."
El gobierno de Aragón y su consejero de Industria, Comercio y Turismo parecen no haberse enterado de quiénes y cómo manejan el proyecto Gran Scala. No son grandes hombres de negocios ni parecen disponer de recursos para echar a andar el negocio. Es fácil deducir que estos personajes pensaron desde el primer momento utilizar el apoyo político e institucional que les brindaba el Pignatelli como un activo para captar y exprimir a los verdaderos inversores... si alguno llegaba a picar.
Este diario ha aportado una ya larga serie de informaciones, datos precisos sobre sociedades, documentos e incluso asuntos colaterales como el del famoso motor fantástico. Ni un sólo desmentido. Si después de esto todavía creen el presidente Iglesias, el vicepresidente Biel y el consejero Aliaga que lo de Gran Scala tiene algún sentido, o bien son demasiado ingenuos o bien están defendiendo a la desesperada su posición por no reconocer un craso y monumental error.
El debate de ayer en las Cortes de Aragón marca un punto de no retorno. A partir de ahora ya no caben salidas honrosas, haya o no haya aval. Los veinte millones de euros habrá que verlos. Pero incluso si ILD lograra sacarlos de alguna parte, la situación seguiría siendo de lo más anormal. Tampoco basta con degradar Gran Scala de proyecto a idea. Pretender que no ha pasado nada y que la apuesta sigue adelante va a complicarle la vida al Gobierno aragonés. Es incomprensible.
Reproducimos íntegro el protocolo de colaboración que firmaron el 12 de diciembre de 2007 el Gobierno de Aragón y la sociedad ILD, promotora del proyecto Gran Scala
Según la legislación actual, el proyecto de Gran Scala, el complejo de juego y ocio de Los Monegros, es inviable.
Azajer ha presentado en Bruselas, ante la Comisión de Peticiones, una solicitud de comparecencia. Se solicita a la UE el reconocimiento de la ludopatía como enfermedad social, así como la elaboración de un marco legislativo común a los 27 Estados miembros.