La Plataforma Stop Gran Scala ha convocado para el próximo 26 de abril una cadena humana junto a la sede del Gobierno de Aragón para protestar por el proyecto de ocio y juego de 2.000 hectáreas que se pretende instalar en la comarca de Monegros.
La plataforma justifica la convocatoria por considerar "bochornoso" que los gobernantes sigan ejerciendo de agentes de la promotora ILD, a pesar de que se ha constatado que el proyecto es "insostenible" desde el punto de vista económico, ambiental, social y cultural y "simplemente se trata de una Gran Stafa para especular con el terreno".
En una nota de prensa, esta organización critica además las declaraciones del portavoz en España del grupo empresarial, Jaume Riera, quien "se ha descolgado insultando a los aragoneses, exigiendo que le regalemos nuestro territorio y le pongamos alfombras rojas".
La plataforma denuncia que destacados dirigentes del Gobierno autonómico continúen "ejerciendo de agentes inmobiliarios" para ILD y cita la reciente visita del Consejero de Industria, Arturo Aliaga, a la zona para "convencer" a los propietarios de que "vendan barato" o la labor del vicepresidente del Ejecutivo, José Ángel Biel, quien "ejerce" de portavoz y "promete todo lo que haga falta para esta empresa privada".
Critican asimismo declaraciones contradictorias de consejeros del Gobierno que afirman que "Gran Scala no existe como proyecto porque aún no hay ubicación" al tiempo que se asegura que está "todo calculado a falta de decidir el emplazamiento".
Por ello, esta entidad cree que Gran Scala "está tomando un cariz de escándalo democrático por parte de nuestros gobernantes", y ven necesaria una "llamada de atención" para que vuelvan a ejercer de aquello para lo que han sido elegidos: "gobernantes garantes de las leyes y del territorio de Aragón, y no promotores inmobiliarios para oscuras empresas privadas".
Según la legislación actual, el proyecto de Gran Scala, el complejo de juego y ocio de Los Monegros, es inviable.
Exigimos al Gobierno de Aragón que actúe con transparencia, propiciando el debate social, escuchando a todas las partes afectadas y recordando que la Ley debe obligar a todos por igual.